Declaración de Izquierda Anticapitalista
El escándalo generado por el procesamiento al juez “superestrella” Garzón por su decisión de investigar las “desapariciones forzadas” bajo la dictadura franquista, dando así la razón a las acusaciones de “prevaricación” presentadas por sus herederos falangistas y similares, ha vuelto a sacar a la luz el debate sobre la transición política y, más concretamente, la significación de la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977. Un repaso de la misma y del contexto en el que se aprobó viene a recordarnos de nuevo el carácter antimodélico de una “reconciliación nacional” que equiparó a víctimas y verdugos del franquismo.
Fue esta una Ley de “punto final”, de olvido y perdón completamente injusta, ya que, equiparó a vencedores y vencidos de la guerra civil y a franquistas y antifranquistas, permitió la supervivencia de un aparato represivo que se ha ido reproduciendo hasta nuestros días y continúa especialmente presente en el poder judicial, como estamos comprobando y han corroborado buenos conocedores del medio, entre ellos Carlos Jiménez Villarejo. Trabajos recientes como los de Alfredo Grimaldos y Mariano Sánchez Soler han venido a rememorar también que los meses y años posteriores a esa Ley fueron todo menos “pacíficos”.
Lamentablemente, esta Ley contó con el apoyo de la inmensa mayoría de la “oposición democrática antifranquista”, muchos de cuyos representantes coinciden hoy día en la crítica a la pervivencia del franquismo en muchas instituciones, medios de comunicación y partidos políticos. En la proposición que presentó en ese momento del grupo del PCE, por ejemplo, se postulaba la necesidad de “superar definitivamente la división de los ciudadanos españoles en vencedores y vencidos de la guerra civil”. Los nacionalistas del PNV y los pujolistas catalanes pidieron afrontar la nueva etapa “con olvido y superación de todo agravio pretérito”, fórmula recogida por el PSOE. Sólo el grupo de Alianza Popular mostraría reticencias que se irían suavizando hasta llevarle a no votar en contra de la Ley. Durante ese debate, el PCE mostró, además, su protagonismo reivindicando su política de “reconciliación nacional” adoptada en 1956 y apostando abiertamente por el olvido y el perdón, llegando el entonces Secretario General de ese partido, Santiago Carrillo, a declarar en un mítin: “Queremos hacer cruz y raya sobre la guerra civil de una vez para siempre” (El País, 2/10/1977).
Durante estas semanas, se están sucediendo iniciativas y acontecimientos que están denunciando las actuaciones del Tribunal Supremo, especialmente la Declaración de CCOO y UGT y el acto de apoyo a Garzón que organizaron en la Universidad Complutense de Madrid el pasado 13 de abril.
En primer lugar, conviene precisar que el rechazo a la acusación de prevaricación por parte del juez Varela contra Garzón por querer investigar las “desapariciones forzadas” bajo el franquismo no puede significar convertir el recorrido de este juez en una “trayectoria ejemplar en la defensa de los derechos humanos”, como sostiene la declaración de los sindicatos mencionados. Fuimos muchas las personas que nos alegramos de que el dictador chileno Pinochet y otros de Argentina fueran perseguidos y detenidos por sus crímenes de lesa humanidad, pero no por ello podemos olvidar, como han recordado miembros del Centro de Documentación contra la Tortura y de colectivos afines en el Estado español, que en este caso el juez Garzón es “víctima de una politización de la justicia que él magistralmente diseñó e impulsó” mediante sus actuaciones contra medios de comunicación, asociaciones, partidos e incluso defensores de derechos humanos. Tampoco podemos olvidar que en más de una ocasión aplicó el injusto régimen de incomunicación a personas detenidas o se mostró insensible ante las denuncias de tortura.
No podemos, por tanto, solidarizarnos con iniciativas “en apoyo de Garzón” que tratan de olvidar esas graves manchas en su historial. También en esto debemos preservar la memoria completa de su trayectoria, evitando convertir en “héroe” a quien también ha contribuido a vulnerar el garantismo jurídico en más de una ocasión.
Pese a lo anterior, no es difícil coincidir con muchas de las críticas que hizo el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo en el acto de la Complutense y que han provocado el escándalo en las derechas de toda clase: el rechazo a los magistrados del Tribunal Supremo como manifestación de la supervivencia del franquismo judicial, su conversión en instrumentos de la “actual expresión del fascismo español” o la necesidad de defender la razón democrática y el Estado de derecho. Son precisamente esas verdades que se ha atrevido a decir en voz alta las que legitiman las críticas que, en su dìa, se hicieron desde fuerzas políticas de la izquierda radical, como la LCR y otras, al “consenso” que se hizo en la Transición en torno a una Ley de Amnistía que, a pesar incluso de la timidísima Ley de Memoria Histórica, se quiere seguir convirtiendo en una muralla frente a la aplicación del principio de Justicia Universal al genocidio franquista. El exfiscal podría haber añadido, como ha hecho en otros actos en el pasado, que ese mismo Estado de derecho se ha visto vulnerado por una antidemocrática Ley de Partidos que ha servido para ilegalizar a Batasuna mientras sigue permitiendo vida legal a esos herederos del franquismo que hoy se sienten triunfadores en su querella contra Garzón.
Por eso hay que felicitar la iniciativa tomada ahora desde Argentina en nombre de ese principio y confiamos en que siga adelante, ya que tiene que contribuir a reabrir el debate sobre la transición y la necesidad, ¿por qué no?, de reanudar una tarea que sigue siendo imprescindible y que entonces fue abortada tanto por los reformistas del franquismo como por los principales dirigentes de la izquierda. Con mayor razón cuando estamos asistiendo a una crisis de legitimidad del poder judicial que puede ser la antesala de una crisis de régimen teniendo en cuenta el descrédito creciente de la Monarquía, los escándalos de corrupción –que no sólo afectan al PP- y nuevos factores de conflicto como el que puede generar la sentencia inminente del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya.
Se avecinan, pues, tiempos especialmente agitados en el plano político e institucional que esperemos se vean acompañados por una reactivación de la movilización en el terreno social frente a los ataques que desde la Unión Europea, el gobierno de Zapatero y la patronal se están ya poniendo en marcha. Pero para que esa necesaria confluencia de la legítima lucha por la verdad y la justicia para las víctimas del franquismo con la que habrá que ir desplegando contra un régimen en crisis y una UE más neoliberal y autoritaria no se vea desviada por la búsqueda de nuevos “consensos” o por fuerzas neopopulistas de derecha –como la que representa el partido de Rosa Díez-, hará falta dar nuevos pasos adelante en la mayor unidad de acción posible entre las distintas fuerzas de la izquierda social, política y cultural. Una unidad que no tiene por qué buscar las unanimidades y los apoyos incondicionales a nadie sino, sobre todo, el acuerdo en torno a objetivos comunes.
21 de abril de 2010
http://www.anticapitalistas.org/
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