¡ESTO SÓLO SE DETIENE CON UNA HUELGA GENERAL!

Ni son cosas diferentes, ni hay nada que negociar. La contrarreforma de las pensiones, la moderación salarial y la reforma del mercado laboral forman parte de una misma política. El gobierno está cediendo ante las exigencias de bancos, aseguradoras y multinacionales. Los causantes de la crisis quieren que la clase trabajadora siga pagando sus consecuencias. La alarma sobre la inviabilidad del régimen de pensiones es una operación de intoxicación de la opinión pública. Hay superávit de la Seguridad Social, el aumento de la productividad compensa la mayor longevidad de la población, la curva demográfica tiende a equilibrarse... Y nada impide que los presupuestos generales del Estado contribuyan al pago de las pensiones. El problema es otro. Zapatero, siguiendo la estela de los gobiernos liberales europeos, inyectó sumas ingentes de dinero público para evitar la quiebra de los bancos, víctimas de su propia codicia especulativa. Este dinero ha servido para seguir especulando e incluso para comprar títulos de deuda pública que ha emitido el gobierno para financiar aquellos rescates. Ahora, el Estado está endeudado y esos mismos especuladores exigen que se recorte el gasto social y presionan para que se les abran nuevos nichos de negocio, como los planes privados de pensiones. Empieza un nuevo ataque de fondo contra nuestras condiciones de vida, terriblemente maltrechas por la explosión del paro. Grecia anuncia los tiempos que se avecinan. Esto no se detiene con amables conversaciones. El acuerdo de contención salarial firmado con la CEOE es irresponsable: sólo el mundo del trabajo adopta compromisos, mientras que las empresas tienen toda laxitud para descolgarse. La reforma laboral se avista como un nuevo recorte de derechos, abaratando el despido, redistribuyendo el desempleo más que el trabajo (con el "modelo alemán") y otorgando nuevas prerrogativas a las ETT. Es hora de detener esta ofensiva. Eso sólo es posible con un potente movimiento social, con una huelga general que fuerce la retirada de las contrarreformas del gobierno y que plantee un plan de medidas de urgencia social y ecológica frente la crisis. Si la huelga general "no está en la agenda de los sindicatos", hace falta que entre todas y todos la inscribamos. El giro que ha tomado el "gobierno amigo" del PSOE es la mejor manera de propulsar al PP hasta la Moncloa. Sólo la movilización ciudadana puede abrir una salida positiva. Desde Izquierda Anticapitalista proponemos las siguientes medidas urgentes:Defensa del sistema público de pensiones. Instaurar una tributación progresiva y acabar con el fraude fiscal, estimado en 80.000 millones de euros. Más de lo que haría falta para pasar de inmediato a la jubilación a los 60 años, liberando puestos de trabajo.
Semana laboral de 35 h sin pérdida de salario. Salario social de 1.200 euros. Prolongar la cobertura del desempleo indefinidamente. Suspender los desahucios.
Defensa de los servicios públicos contra las privatizaciones y la austeridad presupuestaria. Que los recortes se apliquen a las dietas ostentosas (empezando por la Casa Real) y al gasto militar (¡sigue aumentando el contingente español en Afganistán!).
Prohibición de los despidos en las empresas que registren ganancias. Cambio de modelo productivo, preparando la reconversión de amplios sectores (automoción, construcción...) hacia actividades socialmente útiles y medioambientalmente sostenibles.
Nacionalización de la banca, bajo control social, para constituir un servicio público de crédito y ahorro que permita pilotar esa transformación. Nacionalización de los sectores estratégicos de la energía y las comunicaciones.
¡ HACE FALTA YA UNA HUELGA GENERAL!

Deterioro salarial y distribución de la renta

Nacho Álvarez / Diagonal Número 118 Número 119

La redistribución de la riqueza debe ser, a juicio del autor, el primer punto de un intento serio de cambio del modelo productivo.
El estallido de la crisis ha desencadenado un debate público sobre la necesidad de un cambio de modelo productivo en la economía española. Tanto el Gobierno –a través del proyecto de Ley de Economía Sostenible– como la patronal y las grandes centrales sindicales han hecho públicas sus posiciones al respecto. Sin embargo, hay un elemento que sigue sin estar en el centro del debate: la necesidad de que el cambio en el modelo productivo se ancle a un nuevo patrón de distribución de la renta y la riqueza.Durante los últimos 15 años, el Producto Interior Bruto (PIB) español ha crecido más de un 60%. Sin embargo, los beneficios de dicho crecimiento han sido repartidos de forma sumamente desigual. Mientras que las rentas del capital experimentaban un crecimiento extraordinario durante estos años, las rentas de los hogares asalariados han permanecido prácticamente estancadas.Según datos del Barómetro Social de España, entre 1999 y 2007 los beneficios empresariales experimentaron un crecimiento (en términos reales, una vez descontada la inflación) de casi el 50%. El valor de las acciones y demás activos financieros aumentó un 90%, y el patrimonio inmobiliario se revalorizó un 125% aproximadamente. Durante este periodo el salario medio apenas creció un 1%, la pensión media un 18% y la prestación media por desempleo un 4%.Mayor desigualdadComo consecuencia de todo ello, el peso que los salarios tienen en la renta nacional no ha hecho sino disminuir durante la última década, pasando del 60% al 55%. Paralelamente, el ratio entre el patrimonio medio del 25% de hogares más ricos y del 25% de hogares más pobres pasó de 33,4 en 2002 a 41,0 en 2005. Este aumento refleja el incremento de la desigualdad entre asalariados y hogares cuyas rentas provienen en mayor medida de activos financieros e inmobiliarios.¿Cómo entender entonces que, en este contexto de regresión social, el consumo privado haya actuado como uno de los motores del crecimiento? Debido a que el sostenimiento de los elevados ritmos de consumo se ha asentado en un fuerte nivel de endeudamiento, así como en una sostenida reducción del ahorro medio por hogar. Pero también la deuda de los hogares esconde realidades muy diversas: mientras que para el 40% de hogares de menores ingresos la carga anual de esta deuda como porcentaje de su renta es superior al 30%, para el 20% de hogares más ricos apenas es del 10%. Es decir, que la clase trabajadora ha experimentado el endeudamiento y el desahorro como una imposición –fruto de la regresión salarial– para sostener su nivel de consumo (en particular, el acceso a la vivienda).Además, la enorme creación de empleos entre 1996 y 2008 (con más de 500.000 empleos netos al año) no ha frenado este vendaval de redistribución regresiva. La causa ha sido la continua pérdida de derechos laborales y la fuerte extensión de la precariedad. La masiva proliferación de los contratos temporales, así como la fuerte rotación en el puesto de trabajo, el progresivo abaratamiento del despido y, en definitiva, la desreglamentación del mercado laboral, han conllevado crecientes dificultades de reivindicación y negociación sindical y, con ello, un generalizado deterioro salarial.La llegada de la crisis ha evidenciado el fracaso económico y social de este modelo productivo y distributivo. Pero esto no ha impedido que sus efectos golpeasen con mucha mayor intensidad a los hogares asalariados que a las rentas del capital: se ha impuesto la congelación salarial y se han perdido 1,4 millones de puestos de trabajo entre 2008-2009; mientras tanto, la bolsa española se ha revalorizado un 75% entre marzo y diciembre de 2009. Este proceso de privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas no revierte –al contrario, intensifica– el patrón de distribución de la riqueza de estos últimos años.Un verdadero cambio de modelo productivo exigiría un nuevo patrón de distribución de la renta y la riqueza, que introdujese un giro de 180 grados en la tendencia de regresión social de estas últimas décadas. El resto son meros brindis al sol que no se traducirán en una mejora sustancial de las condiciones de vida de la mayoría social.

Nacho Álvarez es investigador del Departamento de Economía Aplicada I, UCM y militante de Izquierda Anticapitalista

LAS PROXIMAS CAMPAÑAS DE IZQUIERDA ANTICAPITALISTA EN ZAMORA

Los proximos trabajos que Izquierda Anticapitalista de Zamora va a iniciar en la denuncia de situaciones absolutamente intolerables y que atacan los derechos de la clase trabajadora son:

La denuncia de la nueva ley de Extranjeria.

La denuncia de la privatizacion de los servicios del ayuntamiento y la reinvidicacion por una gestion publica a traves de una empresa publica.

En los dos siguientes articulos desarrollamos estos temas, colabora con nopsostr@s:

POR LA GESTION PUBLICA DE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA.

En fechas pasadas se cumplieron los 50 años del contrato de gestión de los autobuses urbanos de la ciudad de Zamora, firmado por el Ayuntamiento de Zamora y la empresa que durante estos años se ha encargado de dicha gestión. El Ayuntamiento ya ha preparado el nuevo pliego de condiciones técnicas y económicas, que saldrá a concurso público en próximas fechas. Pero no es el único caso; tenemos otra serie de servicios públicos, pertenecientes al ámbito local que este Ayuntamiento mantiene también privatizados en su gestión.

Desde IZQUIERDA ANTICAPITALISTA de Zamora, queremos manifestar nuestra más absoluta oposición a tales hechos, por el siguiente motivo:

Este tipo de modelo de gestión privada de los servicios públicos pone en peligro el derecho ciudadano a disponer de unos servicios públicos dignos y que lleguen a tod@s al marcar cómo principios básicos la rentabilidad y el beneficio económico por delante de la calidad del servicio, los derechos de los ciudadanos y de los barrios y la calidad en las condiciones laborales de los trabajador@s; el objetivo es el enriquecimiento de los empresari@s, los cuales acceden a estos contratos no para servir a la ciudadanía ni preocuparse por l@s trabajador@s sino para obtener el máximo beneficio posible.


Desde Izquierda Anticapitalista queremos denunciar este tipo de gestión, que solo busca el ir laminando el semiEstado del Bienestar existente en este país; lo público está siendo atacado por el PP, -cuyo objetivo es el enriquecimiento de sus aliados de clase, los empresarios- , y abandonado por las fuerzas progresistas del Ayuntamiento de Zamora -más preocupadas en los aspectos técnicos, que en los sociales y democráticos de los Servicios Públicos municipales-.


La puesta en manos privadas de la gestión de los servicios públicos, trae como consecuencia que las administraciones, pierden el control sobre el servicio tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista del personal, convirtiendose en rehenes de los intereses empresariales, los cuales acaban chantajeando a las mismas y a la sociedad en general: exigen más dinero a cambio de una gestión correcta.

El servicio de autobuses de Zamora ha sido y es el claro ejemplo de tal situación; la empresa ha permitido que los vehículos fueran de una ínfima calidad, lo que ha llevado a incendios y accidentes. Que decir de la señalización, que decir de las líneas. Detrás de esto está la gestión privada y la connivencia entre el PP del Ayuntamiento y los empresarios y la tibieza de los que diciendo que están en desacuerdo han dejado de lado la reivindicación de la gestión pública.





Hay que señalar indicar que la normas de régimen local establecen varias fórmulas que permiten la gestión pública de los servicios municipales, pero aparte de tener entramado jurídico que nos avale queremos resaltar que la situación de crisis global del capitalismo nos muestra en toda su crudeza que el “todo sirve para ganar dinero” y la lógica de “lo privado es más eficiente” dejan un panorama desolador para las gentes de abajo: la clase trabajadora siempre nos llevamos las pérdidas mientras los ricos han acumulado durante años ingentes beneficios… ¿dónde está ese dinero ahora?.

Es necesario parar este expolio de los bienes públicos a manos de la patronal y sus aliados políticos y pelear para poner nuestros derechos por encima de sus beneficios.

Por todo ello queremos plantear que nuestra alternativa es la creación de una Empresa Pública que gestione los Servicos Públicos que actualmente tiene privatizados el Ayuntamiento (transporte urbano, limpieza viaria, jardines, grúa, Ora, etc) pasando inmediatamente a ser subrogad@s a la nueva empresa tod@s los trabajador@s. No nos conformamos con supuestos contratos mejorados que pongan “durezas” al empresariado pues ya sabemos que todo eso queda en agua de borrajas.

La empresa que proponemos debe conjugar el ofrecer un servicio de calidad a l@s ciudadan@s con unas condiciones dignas de l@s trabajador@s y la transparencia en su gestión (que debe de ser controlada socialmente). Todas las contrataciones futuras que se realicen deben de seguir los criterios de igualdad, mérito y capacidad porque no estamos dispuestos a que se convierta en el cortijo de ningún cacique… Y dos aspectos clave serían el respeto al medioambiente y la inclusión laboral de colectivos con especiales dificultades para el empleo.

Queda claro por tanto que nos vale cualquier modelo de gestión pública sino uno que cumpla una serie de requisitos.

El objetivo final debería ser la municipalización total de estos servicios (el Ayuntamiento en lugar de la citada Empresa Pública) pero este probablemente será un proceso a largo plazo que deberá ser estudiado con detenimiento.

Creemos necesario lanzar una campaña de reivindicación de esta propuesta, campaña en la que nos gustaría contar con vuestro apoyo compañer@s.

Es hora de defender alto y claro lo público, social y colectivo, de tod@s y para tod@s frente a la lógica de lo privado, para beneficio de unos pocos.


POR UNOS SERVICIOS PUBLICOS DE TODOS, DEMOCRATICOS, DE CALIDAD Y RESPETUOSOS CON LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES.


POR QUE LOS DERECHOS PUBLICOS DEJEN DE SER UN NEGOCIO.
POR LA DESPRIVARTIZACION DE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES INMIGRANTES.NO A LA LEY DE EXTRANJERIA

IZQUIERDA ANTICAPITALISTA con este comunicado quiere manifestar que la reciente Reforma de la Ley de extranjería nos confirma la pretensión del gobierno de transformar al colectivo inmigrante en el chivo expiatorio de la crisis económica.
La crisis del capitalismo como modelo, que hace casi un año era reconocida por los poderes económicos y políticos, está suponiendo en el Estado español un reguero de desgracias personales y colectivas; 4 millones de parad@s, de l@s que un millón han visto terminar sus subsidios, altas tasas de morosidad y endeudamiento, producción industrial bajo mínimos, continuos EREs que dejan sin sustento a miles de familias cada semana, miles de personas malviviendo de la caridad, y preocupación, miedos y tristeza en la cabeza de millones de asalariad@s que temen quedarse sin empleo…
Para redondear esta situación, el gobierno del PSOE no plantea un cambio de modelo productivo, sino que regala, sin ningún control efectivo, cientos de miles de millones a la banca, y nuestros impuestos van a parar a los avariciosos bolsillos que se llenaron hundiendo la economía en la época de bonanza y que ahora se les vuelven a llenar volviendo a llevarnos a la misma situación de antes: una economía basada en el ladrillo y el sol, la especulación y la avaricia, los chanchullos y el amiguismo, que mantiene a una minoría viviendo a cuerpo de rey a costa de la mayoría de la población explotada y alienada
La reforma de la Ley de extranjería se convierte en un claro ejemplo de cómo, cuando las cosas van mal para los de arriba, se potencian ataques sociales. Ésta reforma supone un evidente regresión en los derechos de la población inmigrante y de la nativa, reincide en la idea de la Europa Fortaleza, evita ir al fondo de las causas de las migraciones, ataca la solidaridad como valor universal hacia los desfavorecidos y ahonda en medidas judiciales, policiales y represivas contra un colectivo social que lleva años sufriendo ataque tras ataque.

Así mismo queremos dar a conocer los elementos de la reforma que consideramos más graves y que de acuerdo a lo manifestado por la RED ESTATAL POR LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES (REDI) son:

1-Nadie ha sido consultado, nadie la respalda

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado ni con las organizaciones sociales, organizaciones de inmigrantes o de defensa de los derechos humanos, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

2- Más represión, menos derechos

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

3- Más tiempo encerrados en los CIE´S, los guantánamos europeos

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)
Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y elDefensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno de la Unión Europea en el Estado español.

4- Castiga a los solicitantes de asilo.

Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.

5- Criminaliza la solidaridad.

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión. Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias.

6- Niega derechos básicos como la salud y la educación.

La reforma supondrá que los inmigrantes en situación irregular no puedan empadronarse en los municipios, perdiendo de ese modo el derecho a la educación básica y el acceso a la salud para ellos y sus familias, lo que se suma a una exclusión de los servicios y ayudas sociales. Estas circunstancias producirán un claro aumento de la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades.

7- Atenta contra la vida en familia.

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares. Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que éstas puedan participar en el espacio social.

8-Permite la expulsión de menores no acompañados.

El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.

9-Dificulta el acceso a la justicia gratuita.

La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión. En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.

1O-Mayor desprotección aún a las mujeres migrantes.

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive por sobreseimiento provisional.

No a la jubilación a los 67, por unas pensiones dignas y por el reparto del trabajo. La crisis que la paguen los capitalistas

Comunicado de Izquierda Anticapitalista

La profunda crisis capitalista que padecemos ha sido enfrentada por el gobierno y la patronal con nuevas agresiones a los derechos y salarios de la clase trabajadora. Por eso, hoy más que nunca, afirmamos alto y claro: ¡la crisis no la han generado los y las trabajadoras!
En todo este tiempo de recesión el gobierno ha empleado ingentes recursos para salvar al sistema financiero, subvencionar –sin condición alguna- a industrias insostenibles como la de la automoción, facilitar instrumentos desfiscalizados de inversión (SOCIMI) a la construcción, o ha dilapidado recursos en planes de inversión local sin orientación razonada. Los principales actores desencadenantes de la crisis son los que reciben todo el apoyo del gobierno, mientras que la tasa de paro asciende a casi el 19% -son más de 4.300.000 los y las desempleadas- mientras que el conjunto de la clase está atemorizada por su futuro social y laboral. Así las cosas, el déficit fiscal, tras este rescate del Estado del sector empresarial privado, se ha disparado hasta cerca del 10% del PIB, cuando hace pocos años estábamos en superávit.¡Y ahora quieren que lo paguemos los y las trabajadoras!
El modelo laboral está basado de forma creciente en el trabajo precario, la moderación salarial es excesiva, los derechos no han dejado de recortarse. Desde esta realidad resultan ridículas las explicaciones de las patronales y los políticos neoliberales o socialiberales que señalan como causantes de la crisis la regulación del mercado de trabajo, los salarios o las pensiones. ¿Por qué no se pone en cuestión la política económica que pone al Estado al servicio de la ganancia privada, la irresponsabilidad, la explotación y el abuso de las grandes empresas? Empresas y empresarios que, además, practican el fraude fiscal laboral generalizados.
El gobierno se ve desenmascarado. La salida a la crisis la quiere hacer soportar sobre la espalda de los y las trabajadoras: bonificación a la contratación juvenil –que no creará empleo, pues este medida sólo modifica el lugar en la cola del paro de un colectivo frente a otro, y que sólo abarata costes a las empresas- y, lo que es más grave, una gran agresión modificando el sistema de pensiones.
Principales Propuesta de Reforma del Gobierno sobre pensiones: Ampliación edad legal de jubilación de 67 años. Gradualmente, entre 2013 y 2025. Supondrá tener más tarde y durante menos tiempo un derecho fundamental.
Ampliación periodo de cómputo medio de las bases reguladoras para el cálculo de la pensión, posiblemente de 15 a 20 años. Supondrá una reducción media de la pensión.
Modificación de la regulación de Expedientes de Regulación de Empleo para dificultar las prejubilaciones.
Integración regímenes de la seguridad social. Esto no es una medida nueva, ya estuvo pactada en el 2006 y no se ha cumplido aún.
Medida innecesaria. El sistema de Seguridad Social goza de buena salud financiera. En palabras de Corbacho “El Fondo de Reserva cuenta con 60.000 millones de euros y se acaba de cerrar un ejercicio presupuestario con un superávit de más de 8.000 millones”.
Medida injusta. Recorte de un salario indirecto y diferido. El retraso de la edad de jubilación supone tener que trabajar más, obtener la pensión más tarde. El sistema de cómputo si se amplían los años para hacer la media ocasionará una reducción sustancial de la jubilación media. El cambio de 8 a 15 años, en la anterior modificación, ya supuso una caída del 15% en la pensión media.
Medida contra las generaciones jóvenes, precisamente las que se encuentran con un modelo laboral y de ingresos más precario, y que con más dificultades y en peores condiciones llegarán al momento de la pensión.
Interpretación errónea o perversa de la evolución demográfica. Durante el siglo XX, con la caída de la mortalidad infantil, la generalización del sistema sanitario y sistemas de higiene, se produjo un aumento histórico de población. Tras 1970, el control de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida, añadido a los anteriores fenómenos, generaron un envejecimiento relativo de la población. Las pirámides poblacionales se han invertido parcialmente. Pero, una vez la generación del baby boom desaparezca vegetativamente se reestablecerá el equilibrio de la pirámide poblacional. Será un período transitorio que no tendrá un impacto de más de 15-20 años. No tiene porque ser un problema en un contexto de sociedades ricas. Aunque exigirá una modificación asumible en los presupuestos públicos y régimen de ingresos fiscales. En sociedades donde abundan los recursos el problema no radica en la carestía sino en la distribución justa de los mismos, y en una asignación de las prioridades más adecuada.
Medida interesada. El deterioro de las pensiones es un reclamo a potenciar los planes de pensiones privados, a los cuáles solo las clases medias altas pueden aportar significativamente recursos para la jubilación. Esto abre un mercado favorable a los intereses grupos de seguros y financieros privados.
¿Y los sindicatos qué?
Resulta ingenuo reclamar un simple “cambio de cultura empresarial” o seguir la letanía de queja moral rogando que no seamos “los únicos paganos de la crisis”. La actual crisis no apareció por unas malas prácticas empresariales y bancarias, sino que es producto de una relación estructural que aboca a orientar al capital a la ganancia y a la explotación del trabajo y la naturaleza. Por eso hay que levantar la bandera: “nuestras vidas valen más que sus beneficios”. Sólo un control social democrático y público del excedente y de la producción puede acabar con una asignación injusta e ineficiente de los recursos.
Entre sus propuestas prácticas no se va más allá de exigir mejoras pírricas de la protección social, el reparto del paro –“modelo alemán” para compatibilizar reducción de jornada, reducción de salario y prestación de desempleo- y una moderación salarial incomprensible –cláusulas de revisión salarial a tres años-. Su tímido e inmaduro giro keynesiano confía en un capitalismo de rostro humano, que nunca llega ni puede existir. El ansia y mitificación de un pacto social armónico con un enemigo de clase provocador y depredador con el que no caben puntos de encuentro, no puede albergar más esperanza que el retroceso en nuestras condiciones de vida y trabajo.
Es fundamental la movilización sindical y la acción política, sin confiar ni en un Pacto de Toledo atrapado por una orientación neoliberal ni mucho menos en trámites en un parlamento de derechas, con un sistema antidemocrático de representación política. Sólo la lucha paga.
Nuestras propuestas: Alternativas favorables para las y los trabajadoresTransformar la política económica para dar más énfasis a la inversión pública sostenible, productiva y generadora de empleo orientada a satisfacer necesidades sociales y medioambientales. Regulación del sistema financiero, orientación del excedente empresarial hacia inversión socialmente útil, y socialización del crédito en manos públicas y bajo control social.
Modificar las prioridades del presupuesto público para aumentar las aportaciones al sistema público de pensiones, durante el período que se requiera.
Reducir las ingentes subvenciones al capital dentro del capítulo de gasto público (subvenciones a las empresas, bonificaciones y subvenciones a la contratación).
Modificar el régimen fiscal. En general, complementar cualquier futuro déficit con impuestos progresivos y directos, y eliminar desgravaciones innecesarias, y pasar las desgravaciones en la base imponible a la cuota.
Impuesto de sociedades. Eliminación desgravaciones y deducciones. El sistema de módulos debe tender a la extinción.
Recuperación Impuesto Patrimonio: mayores tipos y progresividad.
Aumentar progresividad y capacidad recaudatoria, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con un mínimo exento por vivienda habitual.
Eliminación de desgravaciones fiscales en el IRPF, aumentar tipos a rentas más altas.
Aumentar las cuotas y progresividad de las cotizaciones a la seguridad social Sistema progresivo de cuotas en función de la renta.
Eliminación topes de cotización rentas salariales más altas.
Desarrollar políticas de reparto del trabajo y el empleo, sin reducción salarial. Anticipar la edad de jubilación como una fórmula encaminada a ello.

Nosotros decimos no a este cambio del sistema de pensiones. El sistema es viable, no nos dejemos engañar. Si se quiere reforzar su sostenibilidad, primero que se planteen medidas de reparto de la riqueza y freno a la explotación; y que se desarrolle un modelo económico al servicio de las necesidades sociales, de carácter democrático, con mayor peso de lo público y bajo control social.
Para ello, consideramos que es necesario profundizar en la movilización social, política y sindical, denunciando estas agresiones, planteando alternativas, exigir al poder cambios y cuestionando al gobierno, la patronal y las políticas de derecha, las haga quienes las hagan. Es imprescindible preparar los contenidos y los objetivos para movilizar a la ciudadanía y al movimiento obrero mediante un reguero de resistencias y también de luchas a la ofensiva. Es necesario preparar una movilización general.
Hace falta ya una Huelga General