SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES INMIGRANTES.NO A LA LEY DE EXTRANJERIA

IZQUIERDA ANTICAPITALISTA con este comunicado quiere manifestar que la reciente Reforma de la Ley de extranjería nos confirma la pretensión del gobierno de transformar al colectivo inmigrante en el chivo expiatorio de la crisis económica.
La crisis del capitalismo como modelo, que hace casi un año era reconocida por los poderes económicos y políticos, está suponiendo en el Estado español un reguero de desgracias personales y colectivas; 4 millones de parad@s, de l@s que un millón han visto terminar sus subsidios, altas tasas de morosidad y endeudamiento, producción industrial bajo mínimos, continuos EREs que dejan sin sustento a miles de familias cada semana, miles de personas malviviendo de la caridad, y preocupación, miedos y tristeza en la cabeza de millones de asalariad@s que temen quedarse sin empleo…
Para redondear esta situación, el gobierno del PSOE no plantea un cambio de modelo productivo, sino que regala, sin ningún control efectivo, cientos de miles de millones a la banca, y nuestros impuestos van a parar a los avariciosos bolsillos que se llenaron hundiendo la economía en la época de bonanza y que ahora se les vuelven a llenar volviendo a llevarnos a la misma situación de antes: una economía basada en el ladrillo y el sol, la especulación y la avaricia, los chanchullos y el amiguismo, que mantiene a una minoría viviendo a cuerpo de rey a costa de la mayoría de la población explotada y alienada
La reforma de la Ley de extranjería se convierte en un claro ejemplo de cómo, cuando las cosas van mal para los de arriba, se potencian ataques sociales. Ésta reforma supone un evidente regresión en los derechos de la población inmigrante y de la nativa, reincide en la idea de la Europa Fortaleza, evita ir al fondo de las causas de las migraciones, ataca la solidaridad como valor universal hacia los desfavorecidos y ahonda en medidas judiciales, policiales y represivas contra un colectivo social que lleva años sufriendo ataque tras ataque.

Así mismo queremos dar a conocer los elementos de la reforma que consideramos más graves y que de acuerdo a lo manifestado por la RED ESTATAL POR LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES (REDI) son:

1-Nadie ha sido consultado, nadie la respalda

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado ni con las organizaciones sociales, organizaciones de inmigrantes o de defensa de los derechos humanos, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

2- Más represión, menos derechos

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

3- Más tiempo encerrados en los CIE´S, los guantánamos europeos

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.)
Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y elDefensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley, a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno de la Unión Europea en el Estado español.

4- Castiga a los solicitantes de asilo.

Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14 días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.

5- Criminaliza la solidaridad.

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión. Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias.

6- Niega derechos básicos como la salud y la educación.

La reforma supondrá que los inmigrantes en situación irregular no puedan empadronarse en los municipios, perdiendo de ese modo el derecho a la educación básica y el acceso a la salud para ellos y sus familias, lo que se suma a una exclusión de los servicios y ayudas sociales. Estas circunstancias producirán un claro aumento de la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades.

7- Atenta contra la vida en familia.

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares. Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que éstas puedan participar en el espacio social.

8-Permite la expulsión de menores no acompañados.

El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor.

9-Dificulta el acceso a la justicia gratuita.

La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión. En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.

1O-Mayor desprotección aún a las mujeres migrantes.

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive por sobreseimiento provisional.